El veto de Feijóo a la podemita Rosell para ser vocal del CGPJ aumenta las opciones del tío de Garzón

Las exigencias del PP de Alberto Núñez Feijóo para que los nuevos miembros del CGPJ y el Tribunal Constitucional sean «perfiles independientes, sin vinculación política y de reconocido prestigio» hacen inviable la candidatura de la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y ex diputada de Podemos Victoria Rosell. En los últimos días, la formación morada ha vuelto a apostar fuerte por esta juez, muy cercana a la dirección de Ione Belarra.

De esta manera, por el contrario, aumentan las opciones de que Ignacio Espinosa Casares (Cenicero, 1952), magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y tío del ministro de Consumo, Alberto Garzón (Unidas Podemos), entre en la ecuación del nuevo CGPJ pese a que su jubilación está próxima, según las fuentes judiciales consultadas. A los 70 años de edad, la prórroga voluntaria permite seguir otros dos años más. Y cabe recordar, añaden las mismas fuentes, que Podemos ya planteó esta posibilidad de nombramiento como favorable a sus intereses, dentro de lo que sería su cuota en el nuevo Consejo, donde pretende que haya dos vocales a propuesta suya.

Entretanto, Feijóo se reafirmó este jueves en que el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial es «posible», si bien insistió en el «requisito de la despolitización», que deja fuera a perfiles como el de Victoria Rosell, alto cargo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Con todo, el líder de la oposición recalcó en declaraciones en Bruselas que en las negociaciones con el PSOE, el PP está hablando todavía de requisitos para poder avanzar en la «independencia» de la Justicia, no de nombres.

De hecho, fuentes de Génova apuntaron esta semana en los pasillos del Senado que todavía falta un punto por cerrar, en referencia a la propuesta que el PP presentó en julio. Así, reconocieron que la fase previa a la negociación de los perfiles de los candidatos aún no ha concluido. No obstante, las mismas fuentes revelaron que el acuerdo es «cuestión de días», descartando que se alarguen demasiado los tiempos. «O sale ya o no sale», confesaron.

Preguntado expresamente sobre si deben quedar fuera del próximo CGPJ perfiles como el de Rosell o el juez progresista José Ricardo de Prada, Feijóo subrayó en la capital comunitaria que aquellas personas que tienen «cargos públicos o políticos» o los han tenido «en los últimos meses», no podrían formar parte de esa renovación, evitando citar nombre alguno.

Justo antes de participar en la cumbre de líderes del PPE que tradicionalmente se celebra en las horas previas al Consejo Europeo, Feijóo reiteró que «si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no los cumplan no pueden formar parte del CGPJ. Y uno de ellos es la despolitización del Poder Judicial», apostilló.

«Sacrificio»

En su caso, Ignacio Espinosa Casares fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja durante tres mandatos, entre los años 2002 y 2017, siendo relevado por Javier Marca. En el acto de posesión de este último, el dimitido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quiso reconocer la labor de Espinosa afirmando que a lo largo de su mandato puso de manifiesto «su vocación, abnegación y sacrificio por un mejor servicio de la Justicia».

Aquel mismo año, en 2017, Espinosa ofició la boda de su sobrino, el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. El nombre de Espinosa se encuentra incluido en la lista de 51 candidatos que Lesmes remitió al Congreso de los Diputados y al Senado en septiembre de 2018. Ingresó en la carrera judicial en 1978 y es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que le propuso en dicha lista.